martes, 10 de diciembre de 2013

La conservación del patrimonio, ¿en manos de la beneficencia?

Hace poco salía a la palestra un programa de televisión a todas luces prometedor. "Entre todos". Nombre loable, de los de sacar pecho. Su objetivo era igualmente decente: invocar la solidaridad de la audiencia para ayudar económicamente a personas concretas desesperadas por la falta de ayudas del Estado, ya sean discapacitados, enfermos o sencillamente pobres. Curiosamente el programa se crea y estrena en TVE, nuestra embarazosa televisión pública -sólo hace falta escuchar las últimas quejas de los propios trabajadores ante las intromisiones del gobierno sobre cómo se deben hacer las cosas-. Nos podemos hacer un poco a la idea: desde nuestros bolsillos sale dinero para hacer un programa que a su vez recauda más dinero a nuestros bolsillos para hacer las tareas que el gobierno ha decidido quitarse de las manos. Se torna aún más chirriante el asunto cuando nos sentamos a ver uno de estos programas: llantos, lágrimas y miserias que son usados como reclamo, como llamada a la solidaridad de la audiencia. ¿Es esto lícito? Recuperemos una frase de un artículo publicado en la revista de la UCM "Cuadernos de Trabajo Social" en 1987:

"Se entiende por beneficencia privada el conjunto de acciones protectoras, a veces espontáneas y circunstanciales, y en ocasiones organizadas en instituciones creadas por entidades privadas y dotadas con fondos privados. La beneficencia pública es un instrumento del Estado para controlar la indigencia, prevenir sus efectos antisociales y atender las necesidades vitales de una parte de la población, lo que algunas teorías denominan Bienestar Social como instrumento de corrección y de caridad."

Sí, señores, la verdad es que no hemos cambiado tanto. Estos dos tipos de beneficencia son los que coexistieron durante las primeras décadas del Franquismo: se trataba de un modelo basado en la caridad y en las decisiones de los benefactores que no implicaba ningún derecho por parte de los beneficiarios. Estos eran objeto de la buena voluntad siempre que demostraran su pésima situación y se ganaran así estas ayudas. Así se mataban muchos pájaros de un tiro: el gobierno se ahorraba políticas sociales, la gente se sentía bien aportando sus limosnas y se intentaba aplacar el descontento de la población mostrándose con bombo y platillo que se ayudaba a las familias más necesitadas.

En la escuela pública Mestre Modera, del barrio Ciudat Meridiana de Barcelona, se ha organizado un eficiente sistema de "padrinos" que otorgan ciertas cantidades de dinero para que los niños puedan disponer de comedor y otros servicios básicos que, en la actualidad, son de pago. Jordi Évole habla con su directora, Noemí Rocabert, y le hace la siguiente pregunta (min. 2:43):


(Évole: ¿No crees que todo esto que hacéis extra para conseguir que los niños tengan acceso al comedor, para conseguir que vayan de colonias, que hagan actividades extraescolares... Todo esto no tendría que asumirlo la administración?
Rocabert: Sí, si el mundo fuera perfecto... Évole: Es que puede pasar que, un poco, les estéis resolviendo el expediente y que la administración se acostumbre a "ya no lo hacemos nosotros, hemos recortado, pero parece que todo tira para delante..." Rocabert: Esto lo tenemos muy en cuenta pero... ¿No hacer nada?)

Hoy mismo hemos recibido la noticia a través de las redes sociales del nacimiento de una plataforma gratuita y sin ánimo de lucro llamada "Todos a una" -atentos al parecido del nombre con el programa de TVE- que se subtitula como "Mecenazgo para el Patrimonio Cultural de España". Su finalidad, como ellos mismos dicen, es "crear relaciones abiertas, transparentes y accesibles entre promotores y financiadores, para estimular la protección activa del Patrimonio Cultural a través de todas las formas posibles para ello." Es decir, se trata de una plataforma de crowdfunding a través de la cual se pueden financiar proyectos gracias al apoyo económico de cientos de micro-colaboradores. 

No dudo de las buenas intenciones de la plataforma "Todos a una". Vaya por delante que está desprovista de la sombra del gobierno, que estoy seguro que no tiene nada que ver en su creación, y su objetivo no es servirse de las lágrimas ni la miseria de nadie para conseguir dinero que permita realizar proyectos. Y aun así me escama. Me duele. Es duro que tengamos que recurrir a este tipo de financiación privada colectiva -¿recordáis la beneficiencia privada del Franquismo?- para conseguir la conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio.

¿No es posible que este tipo de actuaciones, sin duda impulsadas por un propósito honesto, potencien una posición del Estado y las administraciones totalmente desapegada de su patrimonio? "¿Para qué vamos a costear nosotros la restauración de tal castillo si ya la paga la gente?", se empezarán a preguntar. Y, quién sabe, quizás cuando reivindiquemos un mayor apoyo económico de las arcas públicas a proyectos de conservación y puesta en valor del patrimonio nos encontremos con la negativa e incluso nos tomen por locos. No me extrañaría, de hecho, que se permitan además aportar una pequeña miseria para poder hacerse la foto de turno con el monumento recién rehabilitado -¿recordáis la beneficiencia pública del Franquismo?-. Espero que podamos ir entendiendo ya hacia dónde nos conduce todo esto.

No pongo en duda que en ocasiones el crowdfunding puede ser la única salida para ciertos proyectos, e incluso es bueno ver cómo la gente se involucra también económicamente en los iniciativas en las que confía, pero cabría preguntarse con qué otras medidas debemos contrarrestar esta financiación que hacemos entre todos para que el Estado no vea que ya hacemos su trabajo y que, por lo tanto, él no debe ocuparse de ello. ¿Cómo podemos sacar adelante este tipo de proyectos demostrando al Estado que estamos echándole huevos para hacer su trabajo? ¿Cómo podemos servirnos de esta microfinanciación dejando claro que no es definitiva ni permanente, que es un parche en este desaguisado? ¿Cómo podemos demostrar, usando este medio de financiación, que el Estado es quien debe ocuparse de conservar y poner en valor el patrimonio de todos los españoles?

Creo que es fundamental que a la hora de llevar a cabo proyectos de conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio se exploten primero todas las vías de financiación posibles por parte de las administraciones públicas (ayuntamientos, diputaciones, etc.) y si, finalmente, se debe recurrir al crowdfunding, dejar claro qué administraciones han negado su apoyo y por qué. Y en el caso de ser flagrante su falta de sensibilidad y de ayuda social, no dudar en señalarles con el dedo y dejar en evidencia que no han hecho su trabajo.

Es muy peligroso que estemos llegando a un punto en el que cualquier proyecto de interés social, que en sí mismo puede no ser rentable económicamente pero que va a aportar una rentabilidad extraordinaria en muchos otros aspectos, deba realizarse de forma privada mediante mecenazgos o micromecenazgos, mediante ejercicios de caridad. ¿Para qué pagamos entonces nuestros impuestos? ¿Para hacer infraestructuras inservibles que benefician a los constructores que a su vez pagan a los partidos políticos? ¿Para, supuestamente, salvar a grandes estructuras financieras que no hacen más que sangrarnos? ¿Para pagar la deuda que han contraído las grandes fortunas de nuestro país y que les ha llevado a vender nuestra soberanía? ¿Qué más vamos a consentir?

Es muy lícito el uso del crowdfunding pero que esta palabra, extremadamente moderna, no nos haga caer aún más en el antiguo pozo de la pérdida de derechos y libertades en el que estamos cayendo. Si no tenemos cuidado corremos el riesgo de perder también nuestro patrimonio intentando protegerlo. Estamos a las puertas de que su conservación desaparezca totalmente -si no lo ha hecho ya- de la agenda de las administraciones. No lo permitamos.